Mediante un proceso de extinción de dominio, las autoridades lograron ocupar un predio rural y maquinaria pesada que eran utilizados por una estructura familiar para la extracción indiscriminada de arena en el municipio de Lenguazaque, Cundinamarca. Según las investigaciones, esta actividad generaba un daño irreversible en el ecosistema de la zona y alimentaba una economía criminal que movía sumas de dinero sorprendentes.

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Millonarias ganancias tras la explotación de arena

El negocio que se sostenía en este predio de Lenguazaque era redondo. Los peritos de la Seccional de Investigación Criminal determinaron que los implicados lograban despachar entre 30 y 40 volquetas cargadas de arena cada 24 horas. Este ritmo de trabajo les permitía recibir ganancias diarias que rondaban los 35 millones de pesos. A lo largo de los tres años que duró la actividad, se calcula que la familia detrás de este yacimiento ilegal acumuló beneficios superiores a los mil millones de pesos.

Para llegar a estos resultados, los investigadores tuvieron que realizar un trabajo de campo exhaustivo. Durante meses se recolectaron videos, se hicieron seguimientos a las rutas de las volquetas y se tomaron testimonios de personas que conocían el movimiento en la zona rural.

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Más allá de las cifras de dinero, lo que más preocupa son las consecuencias letales para el medio ambiente. La remoción de tierra y la extracción de minerales sin control técnico dejaron cicatrices profundas en el terreno. El informe de los investigadores resalta que los daños ocasionados son de tal magnitud que la zona tardará décadas en recuperarse, si es que logra hacerlo del todo.

Como resultado de las medidas cautelares, se materializó el embargo y secuestro de la propiedad y de la maquinaria amarilla encontrada en el lugar. Todo este equipo, que junto al terreno está avaluado en más de 2.500 millones de pesos, pasó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

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Penas por minería ilícita

Es importante señalar que, según la normativa vigente, quienes se dedican a la explotación ilícita de yacimientos mineros se exponen a penas de prisión que oscilan entre los 32 y los 144 meses.

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