La banda de crimen organizado transnacional conocida como ‘Los Liberadores‘ fue finalmente desarticulada tras una serie de operativos simultáneos realizados en Bogotá y el municipio de Soacha. Esta estructura se especializaba en el acopio de tecnología hurtada y en una sofisticada red de estafas relacionadas con la compra de vehículos y de acuerdo con las investigaciones preliminares habría defraudado a la ciudadanía en más de mil millones de pesos.
Durante las diligencias, las autoridades lograron la captura de cuatro de sus integrantes principales, quienes presuntamente coordinaban el envío de dispositivos móviles hacia mercados ilícitos en países como Perú y Ecuador, consolidando una cadena logística que traspasaba las fronteras nacionales.
El rastro de la banda en el mercado negro tecnológico
El accionar de este grupo delictivo no se limitaba a la recepción de artículos robados; funcionaba como un centro de redistribución a gran escala. En los cuatro allanamientos realizados por la DIJIN, con el apoyo de agencias internacionales como la HSI, se incautaron 380 teléfonos inteligentes, de los cuales 293 ya figuraban con reporte oficial por hurto. Además de los celulares, se hallaron computadores portátiles, tabletas de alta gama, datáfonos y una suma considerable de dinero en efectivo que incluía pesos colombianos, euros y dólares.
Uno de los eslabones clave en esta operación fue la captura de D. Gaviria Parra, conocido bajo el alias de ‘Gato’. Según los informes de inteligencia, este hombre era el encargado de recibir la mercancía robada en la capital colombiana para luego comercializarla no solo en el mercado local, sino en diversos puntos de Suramérica y Centroamérica.
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Más allá del tráfico de tecnología, la red había perfeccionado un método de engaño para apoderarse de vehículos particulares. Alias ‘Gato’ también coordinaba un esquema en el que contactaba a personas que vendían sus automotores a través de portales web. Para generar una falsa sensación de seguridad, los delincuentes entregaban un pago inicial equivalente al 10% del valor del vehículo, prometiendo saldar el resto en un plazo de quince días tras un supuesto peritaje.
El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL, detalló que durante la investigación se determinó que alias “Gato” era responsable del envío de 35 teléfonos celulares robados con destino a la ciudad de Lima (Perú). Asimismo, dentro de la organización criminal desempeñaba el rol de coordinador en un esquema de estafa relacionado con la venta de vehículos.
Contactaba a las víctimas a través de páginas web donde manifestaba interés en comprar sus automóviles a precios atractivos. Inicialmente, realizaba un pago del 10% del valor acordado con el fin de generar confianza, asegurando que el 90% restante sería cancelado 15 días después, tras la supuesta realización de un peritaje al vehículo. De esta manera, daba apariencia de legalidad a la operación y facilitaba la ejecución del fraude.
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Posteriormente, citaba a las víctimas en concesionarios ficticios en la ciudad de Bogotá, donde falsificaba documentos para efectuar el traspaso ilegal del vehículo. Finalmente, desaparecía, dejando a las víctimas sin el dinero restante y sin su automotor.
Impacto de la red desarticulada en las regiones
Junto a alias ‘Gato’, fueron capturados J. Hernández Ortega (alias ‘Yesid’), D. Morales Gómez (alias ‘Nono’) y L. Vargas (alias ‘Lu’). Este trío se encargaba de la fase operativa de las estafas: contactaban a los propietarios, obtenían información sensible de los vehículos y perfilaban a las víctimas para asegurar que el plan de fraude se ejecutara sin contratiempos.
El desmantelamiento de esta estructura permite el esclarecimiento de más de 200 casos de hurto de celulares en ciudades como Bogotá, Ibagué, Cartagena y Medellín, además de 45 expedientes relacionados con la estafa de automotores.
Tras las audiencias de legalización, un Juez de Control de Garantías avaló el procedimiento, y la Fiscalía General de la Nación imputó cargos que van desde concierto para delinquir y hurto calificado hasta falsedad material en documento público y violación de datos personales.
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