Una nueva propuesta de ley busca cerrarles el paso a conciertos y partidos a quienes deben cuota alimentaria.
Ir a un concierto, entrar a un estadio o disfrutar de un gran espectáculo podría dejar de ser una opción para miles de padres y madres en Colombia. Una nueva iniciativa que llegará al Congreso de la República propone restringir el ingreso a eventos masivos a quienes tengan deudas pendientes por concepto de cuota alimentaria, una medida que ya empieza a generar reacciones encontradas en todo el país.
La propuesta fue anunciada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien aseguró que el proyecto busca presionar de manera efectiva el cumplimiento de las obligaciones económicas con los hijos. La iniciativa contempla limitar el acceso a conciertos, partidos de fútbol y otros espectáculos de alta concurrencia a personas que aparezcan registradas como deudoras de cuota alimentaria.
Según explicó la congresista, el proyecto parte de una premisa clara: si una persona tiene dinero para gastar en entretenimiento, también debería tener la capacidad de responder por la alimentación, la educación y el bienestar de sus hijos. Para Pedraza, resulta contradictorio que mientras miles de niños enfrentan carencias básicas, algunos padres incumplidos continúen accediendo sin restricciones a espacios recreativos y eventos de alto costo.
“El mensaje es claro: primero están los derechos de los niños”, señaló la representante al referirse a la iniciativa que busca reforzar los mecanismos de cumplimiento frente a una problemática que afecta a miles de familias en Colombia.
Las cifras respaldan la preocupación. De acuerdo con los datos expuestos por la congresista, en el país se presentan más de 130.000 denuncias al año por incumplimiento de cuotas alimentarias. Esta cifra refleja no solo la magnitud del problema, sino también el impacto directo que tiene sobre niños, niñas y adolescentes que dependen de esos recursos para cubrir necesidades básicas.
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Pedraza aseguró que las medidas actuales no han sido suficientes para frenar el incumplimiento y que, en muchos casos, las sanciones tradicionales no generan un efecto real. Por ello, el proyecto busca tocar un punto sensible: el acceso al ocio y al entretenimiento, con el fin de generar una presión social y económica que motive a los deudores a ponerse al día.
La propuesta se sustenta en el artículo 44 de la Constitución Política, que establece la prevalencia de los derechos de los menores sobre los de los demás. Desde esta perspectiva, permitir que personas con deudas alimentarias accedan a beneficios, ejerzan cargos públicos, contraten con el Estado o destinen recursos a eventos masivos resulta incompatible con el mandato constitucional de protección prioritaria a la infancia.
Aunque el proyecto aún debe surtir su trámite en el Congreso, ya empieza a generar debate entre ciudadanos, juristas y organizaciones sociales. Mientras algunos consideran que la medida es necesaria y justa para proteger a los menores, otros cuestionan su aplicación y los mecanismos de control que se usarían para restringir el ingreso a los eventos.
Por ahora, la iniciativa avanza como una de las propuestas más llamativas en materia de responsabilidad parental, con el objetivo de enviar un mensaje contundente: cumplir con los hijos no es opcional y debe estar por encima de cualquier plan de diversión.
Redacción Q’HUBO Bucaramanga.
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