Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, involucrada en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, en el que a cambio de declararse culpable fue condenada a 21 años de prisión.
Martínez es señalada de haber entregado el arma homicida al sicario de 15 años que ejecutó el crimen. Fue capturada menos de 10 días después de cometido el hecho y la Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y uso de menores de edad en la comisión de delitos.
Ella era quien aparecía en los videos de cámaras de seguridad recorriendo el barrio Modelia en compañía de Elder José Arteaga alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’, señalado por autoridades de ser el encargado de planear el crimen.
Tras firmar el preacuerdo, la mujer pidió que se le garantice un lugar de reclusión donde pueda estar segura por las amenazas que tiene.
Defensa de los Uribe Turbay destacó decisión en el caso de alias ‘Gabriela’
Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay, aseguró que la condena a 21 años de alias ‘Gabriela’, por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, puso como precedente que se trató de un crimen planificado ejecutado por una organización criminal.
De acuerdo con la sentencia, el crimen no obedeció a un hecho aislado, sino que fue el resultado de una estructura criminal organizada que planificó y ejecutó el homicidio, con una división de roles y una coordinación logística previamente definida, destacó la representación de la víctima.
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El fallo judicial reconoció la existencia de una organización que actuó de manera estructurada y con una finalidad política, operando bajo un esquema de mando, dirección y financiación.
La condena fue destacada como un avance significativo en el esclarecimiento del caso, al establecer responsabilidades penales dentro de la estructura ejecutora.
Asimismo, se reconoció el trabajo investigativo de la Fiscalía General de la Nación y la actuación del despacho judicial que conoció el proceso.
No obstante, la representación de las víctimas señaló que la responsabilidad penal no se limita a quienes ejecutaron o facilitaron la logística del crimen, y anunció que continuará impulsando acciones judiciales para que se identifique y procese a los determinadores, instigadores y financiadores del magnicidio.
El proceso judicial continúa en curso respecto de otros posibles responsables vinculados a la estructura criminal.
Redacción Colprensa.
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