El concejal Rubén Torrado expuso un listado de funcionarios de la Alcaldía de Galán que deben multas de tránsito y les pidió dar ejemplo a los más de 8 millones de bogotanos.
Durante una sesión de la Comisión de Gobierno, el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, hizo un llamado a aquellos funcionarios que tienen multas de tránsito en Bogotá y otras regiones a ponerse al día.
La petición del cabildante no es descabellada, ya que es injusto exigirle a la población el pago de sus multas cuando ganan, en muchos casos, un salario mínimo, mientras que los representantes de la ciudad, que ganan grandes sumas de dinero, no pagan sus infracciones.
Para Torrado es indignante que “quienes deberían caracterizarse por dar ejemplo a los más de 8 millones de bogotanos, no han pagado sus multas. No es justo que personas que ganan altos salarios y tienen tantos beneficios por la importancia de sus cargos y dignidades anden en mora y no se pongan al día con el pago de las infracciones que han cometido manejando”.
Estos serían los funcionarios que no han respondido por sus infracciones
Torrado señaló que la información suministrada la sacó del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), encontrando al director general de la Caja de Vivienda Popular (CVP), Juan Carlos Fernández Andrade, quien tiene 4 comparendos en Cúcuta, los cuales suman un total de $4’562.356.
Las infracciones cometidas por el funcionario Fernández fueron: no detenerse en semáforo en rojo o señal de pare, conducir sin portar el SOAT y no realizar la revisión técnico-mecánica. Incluso, en uno de los procedimientos fue necesaria la inmovilización del automotor en el que se desplazaba.
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La segunda persona que aparece en el sistema es el alcalde local de Suba, César Augusto Salamanca Rojas, quien tiene dos infracciones por exceso de velocidad en Bogotá, sumando un total de $1.266.400. En el listado también se nombró al alcalde local de Bosa, Fabián Ernesto Ramírez Cruz, que tiene un comparendo en Chía por $718.769 por estacionar el vehículo en sitios prohibidos.
Los dos últimos funcionarios serían la alta consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado Pineda, que tiene un comparendo en Cali por un valor de $675.311 por no realizar la revisión técnico-mecánica, y Santiago Amador, gerente general de AGATA, quien tiene un comparendo por $648.381 por conducir el vehículo a velocidad superior a la máxima permitida en Bogotá.
De acuerdo con el concejal, las multas a los cinco funcionarios fueron impuestas después de que se encontraran posesionados en sus actuales cargos y en días hábiles de trabajo. Asimismo, les pidió responsabilidad cuando estén al volante, no solo en Bogotá sino en todo el territorio nacional.
La exposición de estos hechos pone sobre la mesa la responsabilidad ciudadana de los funcionarios, además de su responsabilidad social al ser representantes de los bogotanos, y abre el debate sobre la coherencia entre lo que se exige a la ciudadanía y el comportamiento de quienes ocupan cargos públicos.
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