En la vereda Quiba Baja ubicada al sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar se desarrolló una operación encaminada a desmantelar una red delictiva que, bajo el discurso de “oportunidad para vivienda propia”, ofrecía lotes supuestamente listos para edificar a familias de bajos ingresos. Estas tierras, sin embargo, estaban fuera del perímetro de urbanización permitido y se vendían con falsas promesas, sin respaldo legal.
Las autoridades distritales, mediante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y el grupo de Carabineros, intervinieron en el lugar luego de comprobar que los lotes prometidos tenián precios que oscilaban entre 12 y 15 millones de pesos, y se ofrecían como “listos para construir”, aunque la normativa vigente del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) los clasificaba como uso agropecuario. Esta condición prohíbe el desarrollo residencial en la zona intervenida.
Como parte de la fachada de legalidad, los vendedores instalaron ocho postes eléctricos robados y conectados a la red de media tensión de un barrio colindante. Con ello, buscaban dar la apariencia de que los terrenos ya contaban con servicios públicos, lo que reforzaba la promesa de lotes habitables. En el desmantelamiento se recuperaron además aproximadamente 1.400 metros de cable que habían sido sustraídos. Las rentas criminales afectadas se estiman en más de 30 millones de pesos.
El procedimiento partió de una resolución de control emitida por la corregidora de la Secretaría Distrital de Gobierno, en la que se decretó el retiro de las estructuras eléctricas ilegales. Durante la diligencia, el desmonte de los postes quedó a cargo de la empresa de energía correspondiente, en coordinación con la Policía y el Distrito. Las víctimas de esta red estaban conformadas en su mayoría por familias de escasos recursos o desplazadas, que confiaron en la narrativa de los denominados ‘tierreros’ (vendedores informales de lotes). Estas personas entregaron dinero por la compra, recibieron papeles o recibos que luego resultaron falsos, y quedaron expuestas al riesgo de cometer delitos de urbanización ilegal, conforme al artículo 318 del Código Penal colombiano.
El secretario de Seguridad Distrital, César Restrepo, advirtió que “ofrecer terrenos de manera fraudulenta no solo es estafar y jugar con los sueños de decenas de familias necesitadas, sino que además pone en jaque los recursos ambientales de la ciudad”. En este mismo territorio, la modalidad criminal operaba mediante la parcelación sin permiso en zonas no aptas; la trazabilidad mostraba calles de barro, conexiones eléctricas ilegales y escrituras inexistentes. Todo ello para convencer a los compradores de que estaban adquiriendo un bien formal. Sin embargo, la categorización del suelo como agropecuario impedía cualquier edificación residencial, lo que convierte la operación en un claro fraude inmobiliario.
Asimismo, se informó que el fenómeno de los “tierreros” en las montañas del sur de Bogotá no es aislado. Estas redes han sido detectadas en diversos sectores de la ciudad con operaciones de usurpación, falsificación de documentos y reventa múltiple de los mismos lotes. El Distrito ha registrado casos de amenazas a propietarios, desplazamientos forzados y homicidios relacionados con la disputa por tierras informales. Como mecanismo de prevención y denuncia, la Secretaría invitó a la población interesada en comprar vivienda o lote a verificar la legalidad del predio antes de entregar dinero. Para ello, habilitó la línea 601 358 1600 ext. 6005 y la línea de emergencias 123.
El golpe a la red en Quiba Baja representa un paso significativo de las autoridades para frenar este tipo de fraude inmobiliario, pero también evidencia la persistencia del fenómeno. El Distrito informó que los operativos continuarán en otras localidades de Bogotá con la finalidad de proteger tanto los sueños de vivienda de familias vulnerables como la integridad del territorio y los ecosistemas urbanos.
En definitiva, el supuesto “sueño” de una vivienda en Quiba Baja se convirtió en una trampa para muchas familias, lotes vendidos como “listos para construir” en un suelo prohibido, servicios eléctricos robados para dar apariencia de legalidad y la entrega de dinero a intermediarios sin respaldo jurídico. Las autoridades reafirman su mensaje: antes de invertir, verifique; y si ha sido víctima, denuncie.
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