Iván Name, expresidente del Senado, fue capturado este miércoles en su residencia en Bogotá, tras la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que lo investiga por presuntamente haber recibido $3.000 millones en efectivo provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia fue realizada por Agentes de la Dijín de la Policía, luego de que el alto tribunal determinara que existían pruebas suficientes para avanzar con el proceso penal en su contra.
El abogado defensor de Name, Jaime Lombana, había indicado horas antes que su cliente se encontraba en su vivienda a la espera de instrucciones de la Corte.

“Me acabo de comunicar con el doctor Name telefónicamente y me dijo que está en su casa en Bogotá esperando que la Corte Suprema de Justicia haga efectiva la orden de captura y que se le dé instrucciones para ello al CTI”, explicó el penalista a El Tiempo, quien además indicó que son respetuosos de las decisiones judiciales.
El exsenador barranquillero, de 67 años, en una reciente intervención en el Congreso, agradeció conmovido a sus colegas y manifestó que no sabía si podría regresar pronto al Capitolio.
De acuerdo con fuentes de la Corte Suprema, la Sala de Instrucción encontró pruebas suficientes para que Name enfrente un proceso penal. Entre las evidencias está la declaración de Sandra Ortiz, exalta consejera para las regiones del actual Gobierno, quien afirmó haberle entregado los $3.000 millones en efectivo siguiendo instrucciones de su entonces jefe, Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

En el caso del exrepresentante liberal disidente Andrés Calle, la Corte señala que recibió $1.000 millones en su apartamento en un exclusivo sector de Montería. La versión fue entregada por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien relató la entrega directa del dinero en efectivo.
Su abogado, Billy Torres, indicó que aún no han sido notificados formalmente de la orden judicial, pero que estaban a disposición de la justicia.
Las decisiones judiciales hacen parte del proceso por el presunto desvío de recursos públicos desde la UNGRD, caso que ha salpicado a miembros del Gobierno y del Congreso.
Redacción Colprensa.
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