Una red integrada por funcionarios activos, exservidores públicos y particulares que exigía entre 400 y 1.000 millones de pesos para direccionar procesos judiciales por lavado de activos, frenar órdenes de captura y evitar medidas de extinción de dominio quedó al descubierto tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación que condujo a la captura de nueve presuntos integrantes en operativos realizados en cuatro departamentos del país.
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Fiscalía revela manipulación de procesos y amenazas en caso de corrupción
La Fiscalía explicó que las actividades investigativas fueron orientadas por un Grupo de Tareas Especiales, creado tras detectar indicios de corrupción interna, y permitieron establecer la existencia de un entramado que operó durante varios años, con hechos documentados en 2014, 2015, 2024 y 2025, relacionados con el uso indebido de información reservada y el abuso de funciones de policía judicial.
Entre los capturados figuran cuatro integrantes de la Dijín de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, así como dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.
También fueron detenidos tres exfuncionarios de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres, quienes, según la investigación, continuaron participando en las exigencias económicas pese a no estar vinculados de manera activa a las instituciones.
Investigados habrían usado sus cargos para extorsionar a familia de condenado
De acuerdo con la Fiscalía, los señalados “aprovecharon los cargos que desempeñaron” para exigir grandes sumas de dinero a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a miembros de su familia, con el fin de impedir medidas cautelares sobre sus bienes, frenar órdenes de captura y ejercer influencia indebida en actuaciones judiciales que avanzaban en su contra.
El ente acusador detalló que algunos de los implicados sostuvieron reuniones presenciales con los afectados en Bogotá y Villavicencio, donde exhibieron información reservada sobre diligencias y procedimientos judiciales, una práctica que, según la investigación, fue utilizada como mecanismo de presión para intensificar los cobros ilícitos.
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Imputarán múltiples delitos a capturados por alterar investigaciones judiciales
La Fiscalía también estableció que varios de los involucrados eliminaron evidencias para alterar el curso normal de las investigaciones, y que constriñeron testigos para que entregaran información falsa sobre los familiares del hombre condenado en Estados Unidos, como represalia por la negativa a pagar las sumas exigidas.
En el curso de las indagaciones, los investigadores documentaron además presuntas intimidaciones contra uno de los funcionarios líderes del caso, a quien habrían presionado para obtener acceso a detalles de los procesos que buscaban manipular.
Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, según su presunta participación, delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
Redacción Colprensa.
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