Después de 20 meses de trabajo, el proyecto del Cable Aéreo de Soacha superó una de sus pruebas más exigentes: la factibilidad técnica, legal y financiera. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, radicó formalmente estos estudios ante el Ministerio de Transporte.
Este paso es clave, pues ahora el Gobierno Nacional deberá revisar la documentación para definir el monto con el que cofinanciará esta obra, que busca saldar una deuda histórica con Soacha, transformar la movilidad del municipio y conectar los sectores más altos con el resto de la población de forma rápida, limpia y segura.
Una alianza ‘con todas las de la ley’
Para garantizar la viabilidad técnica del proyecto, se contó con el respaldo de expertos internacionales. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) actuó como socio estratégico y lideró la estructuración, con una inversión superior a 1,6 millones de euros (cerca de 6.900 millones de pesos) destinados a estudios, diseños y planeación.
Por su parte, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) se encargó de estructurar los aspectos legales y el modelo financiero del proyecto.
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Beneficios para las comunas 4 y 5
El impacto social será significativo para los sectores que hoy enfrentan mayores dificultades de movilidad:
Población beneficiada: más de 80.000 habitantes de zonas como Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá.
Recorrido: 3,82 kilómetros de extensión, con tres estaciones estratégicamente ubicadas.
Ahorro de tiempo: el trayecto desde las zonas altas hasta la conexión con TransMilenio tomaría entre 14 y 16 minutos, reduciendo considerablemente las horas que hoy se pierden en trancones y transporte informal.
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Los números del cable
Esta es la magnitud de la obra proyectada en las montañas del municipio:
Costo total: inversión estimada de $ 524.000 millones.
Capacidad: hasta 2.600 pasajeros por hora en momentos de mayor demanda (hora pico).
Operación: iniciará con 50 cabinas, cada una con capacidad para 10 personas, y podrá ampliarse hasta 119 unidades en el futuro.
¿Qué sigue ahora?
Con la radicación ante el Ministerio de Transporte, la decisión queda en manos del Gobierno Nacional. El objetivo es asegurar el respaldo presupuestal para abrir la licitación e iniciar las obras.
Más que un sistema de transporte, este proyecto se plantea como una solución ambientalmente sostenible, que además busca dinamizar el empleo, facilitar el acceso a la educación y mejorar la oferta de servicios en zonas históricamente aisladas.
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