El desalojo de las familias del barrio El Remanso II, en Bosa, fue suspendido en la tarde de ayer por decisión de la Inspección de Policía. La medida se tomó luego de que la Personería Distrital solicitara frenar el cumplimiento de la tutela para garantizar los derechos de la comunidad, especialmente de menores de edad, adultos mayores y población vulnerable.
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La entidad indicó que la suspensión se mantendrá “hasta establecer un marco detallado de la diligencia para que esta cumpla con los requerimientos de garantías de derechos y la caracterización adecuada adelantada por la Alcaldía Local de Bosa”.
La decisión judicial había sido conocida por la comunidad la semana pasada. Desde entonces, los residentes permanecen en alerta, pues aseguran llevar años luchando para que les reconozcan la propiedad de los terrenos que, según afirman, compraron legalmente y por los cuales han pagado impuestos y servicios públicos.
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“Demostramos que no son casas de tablas. Nosotros no nos robamos nada, no invadimos nada, las compramos. Hay contratos desde 2003, o sea, llevamos más de 16 años aquí y ellos siguen con la misma idea de desalojar. Hemos intentado en todas las instancias, hasta nos tocó hacer marchas. Fuimos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, al Concejo de Bogotá y a la Defensoría del Pueblo, pero nadie dice nada”, relató a Q’HUBO Lorena Mora, líder de la comunidad.
El desalojo estaba programado para las 9:00 a. m. de ayer. La orden autorizaba al inspector séptimo de Policía para realizar el procedimiento, que afectaba a 400 familias asentadas en 98 predios ubicados en la calle 74 bis sur con carrera 87, a pocos metros del río Tunjuelito.
Aunque la comunidad estaba preparada para manifestarse pacíficamente, en la madrugada se registró un episodio que aumentó la tensión entre los habitantes.
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“Nosotros estamos peleando también por un hecho que fue ilícito: a las 4:40 a. m. nos cortaron el gas de manera ilegal, nos dejaron sin comida. Hay adultos mayores, niños y personas en condición de discapacidad, y no tenemos cómo cocinar. Nos tocó traer leña y hacer ollas comunitarias para alimentar a la comunidad”, agregó Lorena, quien denunció que las personas que suspendieron el servicio estaban escoltadas por uniformados de la Policía.
Ahora se espera que la Unidad para las Víctimas haga presencia en el proceso. Por su parte, la Alcaldía Local de Bosa indicó que continuarán las mesas de trabajo y la oferta institucional para mitigar el impacto sobre las familias afectadas, mientras se define el futuro de este conflicto por las tierras.
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