En medio de la crisis de seguridad y la creciente violencia que acecha especialmente a mujeres, niños, niñas y jóvenes del país, en las últimas horas se puso en marcha la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata para sujetos de especial protección constitucional, el cual articula acciones coordinadas entre las instituciones públicas, las organizaciones y la sociedad en general.
En total, 17 entidades trabajaron de manera articulada en el proceso de construcción de esta nueva herramienta que tiene el objetivo de lograr la localización, ubicación y protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres reportadas como desaparecidas, y es activada a través de una alerta masiva multicanal de difusión inmediata.
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Este mecanismo de búsqueda fue creado por la Ley 2326 de 2023 y reglamentado mediante el Decreto 1428 de 2024. No reemplaza al Mecanismo de Búsqueda Urgente [MBU (Ley 971 de 2005)], sino que lo complementa: mientras el MBU aporta las herramientas judiciales necesarias para la búsqueda, la Alerta Rosa suma la movilización social y comunitaria, la difusión tecnológica masiva y un enfoque diferencial que reconoce los riesgos específicos que enfrentan estas poblaciones, sujetas de especial protección constitucional, con particular atención a la prevención de las violencias basadas en género.
¿Cómo funciona la Alerta Rosa?
Según lo señalaron las autoridades, la desaparición se reporta de inmediato. No es necesario esperar 24 ni 72 horas, y el reporte puede y debe hacerse aunque falten datos. Los canales oficiales son:
- Riesgo inminente: Línea 123.
- Líneas telefónicas: 122, 155, 141 y 01 8000 91 97 84 (Fiscalía General de la Nación), 01 8000 91 80 80 (ICBF).
- Presencial: Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, ICBF, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Defensoría del Pueblo, Comisarías de Familia, Personerías Municipales, IPS y Casas de Justicia.
- Virtual: Denuncia Fácil (FGN).
A través de estos canales se recolectará la información básica necesaria que permita atender prioritariamente el motivo de Policía, por medio de la coordinación de acciones policiales de emergencia, las cuales serán dinamizadas por el Supervisor de Turno del Centro Automático de Despacho.
Los organismos se encargarán de verificar y bloquear la duplicidad de denuncias para agilizar los recursos de la investigación y hallazgo de quien se encuentre en situación de peligro, además de determinar las circunstancias alrededor de la desaparición para identificar posibles rutas y ubicaciones.
Cuando se reporte la desaparición de un menor de edad o una mujer, la Policía Nacional emitirá órdenes conducentes a la atención prioritaria del hecho, articulando sus capacidades institucionales en servicio y solicitando la asistencia inmediata de las autoridades de las que amerite apoyo y despliegue urgente; tales como Defensa Civil, ICBF, Bomberos, fuerzas militares (Ejército, Armada, Fuerza Aeroespacial) o Guardias Costeras iniciales, entre otros.
En paralelo, las familias recibirán apoyo de acuerdo a las necesidades identificadas a través de componentes como activación de medidas de protección, atención psicosocial y de salud, apoyo jurídico y de restablecimiento de derechos.
El objetivo es que en un máximo de tres horas, las autoridades puedan presentar resultados para establecer si se activa la alerta rosa y se genera la difusión masiva de información que permita la pronta localización de la o las personas en riesgo.
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En el término de 6 horas ya se deben presentar los primeros reportes de resultados y se espera que en el término de 48 a 72 horas haya resultados concretos para definir si se desactiva la Alerta Rosa; y, en un periodo de 30 a 90 días, realizar las acciones de cierre de búsqueda mediante Alerta Rosa según sea el resultado del procedimiento.
Doloroso panorama de la búsqueda
Durante 2025, en Colombia 5.397 personas fueron reportadas como desaparecidas ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De ellas, 3.169 eran niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y 2.041 eran mujeres. La Fiscalía General de la Nación registró 1.364 noticias criminales por desaparición forzada en el mismo periodo, de las cuales 401 corresponden a mujeres víctimas y 410 a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Es crítica la situación en algunos territorios: en Bogotá, por cada 3 mujeres desaparecidas, 2 son menores de edad (513 de 804); en Valle del Cauca, 1 de cada 2 (135 de 244); en Cundinamarca, 3 de cada 5 (74 de 120); en Boyacá, 5 de cada 6 (84 de 99), y en Antioquia, 2 de cada 5 (34 de 84).
“La desaparición forzada y las desapariciones en contextos de violencia estructural constituyen una grave violación a los derechos humanos. Aunque tradicionalmente se asocian al conflicto armado, los datos recientes muestran una afectación creciente sobre las mujeres y, en especial, sobre nuestras infancias y juventudes en escenarios marcados por la desigualdad y la impunidad”, afirmó la vicedefensora del Pueblo, Paula Aponte Urdaneta, en el evento del lanzamiento de la Alerta Rosa.
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