En las últimas horas fue capturado y trasladado a Bogotá el alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntamente hacer exigencias ilícitas para facilitar la expedición de una licencia de construcción.
La investigación es liderada por la Dirección Anticorrupción y da cuenta de que el mandatario habría sostenido reuniones presenciales y varias conversaciones por mensajes de texto y de voz con la representante legal de una empresa de inversiones.
En dichas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona cercana, posteriormente aumentarle el sueldo y finalmente entregarle dinero. Todo esto tendría como propósito favorecer la expedición del permiso necesario para avanzar en un proyecto urbanístico.
Según las autoridades, estas actuaciones podrían constituir una extralimitación de funciones y un posible abuso de su cargo como mandatario municipal.
La captura fue realizada por agentes del CTI de la Fiscalía frente al edificio administrativo y el Museo Acuña, en pleno centro del municipio boyacense. El operativo sorprendió a habitantes y funcionarios de la zona, mientras el alcalde era interceptado al descender de su vehículo y posteriormente trasladado a la capital del país.
El alcalde esta siendo investigado
El mandatario además aparece vinculado a otra investigación adelantada por la Fiscalía relacionada con presuntas irregularidades en la contratación pública del municipio.
De acuerdo con el ente acusador, Gamboa Chaparro habría participado en la adjudicación de un contrato que presuntamente incumplía requisitos legales y vulneraba el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
El caso estaría relacionado con la contratación de J. Múnevar González para supervisar maquinaria amarilla del municipio, pese a que sería hermano de la entonces secretaria de Desarrollo Social local.
Las pesquisas indican que los estudios previos del contrato habrían sido elaborados tomando como base la propuesta presentada por el contratista apenas días antes de la adjudicación, situación que, según la Fiscalía, habría impedido una evaluación objetiva dentro del proceso contractual.
Por estos hechos, el alcalde ya había sido imputado en enero de este año por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y vulneración del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades. En las próximas horas deberá responder por los delitos de de concusión y prevaricato por acción.
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