Al cumplirse el primer año de entrada en vigencia de la Ley 2232 de 2022, que establece la sustitución progresiva de productos plásticos de un solo uso, el gremio Acoplásticos presentó un balance de los avances y desafíos en su implementación. Si bien se ha logrado una significativa reducción en el consumo de bolsas plásticas, el sector insiste en la urgencia de reglamentar aspectos pendientes clave para asegurar el éxito de esta política ambiental.
Entre julio de 2024 y febrero de 2025, el recaudo del impuesto a las bolsas plásticas fue de 15.565 millones de pesos, lo que representa una caída del 58,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Esta cifra refleja una disminución de 61,7 % en la cantidad de bolsas utilizadas, con un total de 232 millones de unidades menos en los mercados formales.
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“La industria ha hecho esfuerzos importantes, invirtiendo en procesos para impulsar la economía circular y desarrollar soluciones sostenibles. Sin embargo, persisten vacíos normativos que deben resolverse con urgencia, como la reglamentación de productos biodegradables y la Certificación de Economía Circular (CEC) del impuesto, que lleva dos años de atraso”, señaló Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos.
El gremio también manifestó su preocupación ante la falta de información pública sobre los resultados de las acciones de vigilancia y control respecto al cumplimiento de la ley, especialmente desde la entrada en vigor, el 7 de julio de 2024, del primer grupo de productos cuya comercialización debía ser reemplazada por alternativas sostenibles. Este grupo incluye seis categorías: bolsas de punto de pago, bolsas para lavanderías o publicidad, rollitos de bolsas vacías, pitillos y mezcladores, copitos y palillos para globos.
A pesar de los desafíos, la industria ha respondido con soluciones como productos fabricados con plásticos reciclados o diseñados para la reutilización, en línea con las disposiciones legales. Acoplásticos reiteró su disposición a seguir colaborando con el Gobierno Nacional, la sociedad civil y los sectores productivos en la construcción de una política ambientalmente sólida, técnicamente viable y socialmente equitativa.
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