La defensa del senador Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras el atentado ocurrido el pasado fin de semana, presentó una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez.
La acción judicial fue pronunciada por el abogado Víctor Mosquera, y se basa en lo que la defensa considera una omisión grave del Estado en su deber de garantizar la seguridad del también candidato presidencial.
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Abogado de Miguel Uribe acusa a la UNP de omisión en la seguridad del candidato presidencial
Según Mosquera, durante el transcurso de 2025 se elevaron más de 23 solicitudes formales ante la UNP solicitando el reforzamiento del esquema de seguridad de Uribe. La última de estas solicitudes fue radicada el 5 de junio, tan solo dos días antes del ataque.
“En estas solicitudes se establecía que al senador y candidato presidencial se le debe la protección adecuada. En 2023 la UNP había catalogado al senador Miguel Uribe con riesgo extraordinario, pero la UNP en 2024 no tuvo en cuenta que en octubre ya era candidato a la presidencia y, por lo tanto, se le deberían mejorar sus condiciones de seguridad”, afirmó el abogado.
La defensa advierte que, a pesar de estas alertas, las respuestas por parte de la entidad fueron repetitivas y carentes de acciones concretas. “Desde el 5 de junio del presente año, vuelvo y repito, se sabía que al candidato había que reforzarle su seguridad. Y lo más grave es que simplemente recibía respuestas con un copy-paste de todo lo mismo que le habían contestado desde enero del 2025”, sostuvo.
Mosquera calificó como alarmante el hecho de que, en eventos recientes de la campaña, Miguel Uribe tuviera que desplazarse sin acompañamiento oficial. “En la conferencia de su bancaria, tuvo que viajar solo con su equipo de campaña porque no autorizaron el viaje de sus escoltas y el equipo de seguridad, y tampoco le dieron seguridad en Cartagena”, explicó.
Esto, en palabras del abogado, dejó al candidato presidencial en un estado absoluto de indefensión. La denuncia busca que se establezca si existió responsabilidad penal por parte del director de la UNP por presunta omisión, al no actuar pese a las advertencias reiteradas.
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¿Un trato desigual a la oposición?
Se puede decir con claridad que las solicitudes reiteradas de protección eran específicamente porque se temía por su vida, porque obviamente era un candidato presidencial, señaló Mosquera.
Agregó que el esquema de seguridad asignado a Uribe “simplemente era un esquema que respondía a un congresista”, y cuestionó por qué no se le asignó un esquema similar al de líderes sociales o figuras afines al Gobierno. “La Corte Constitucional el año pasado estableció en una sentencia de unificación que había que dar una especial protección a los miembros de la oposición”, recordó.
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