Después de ocho meses de acuerdos y consensos, más de 1.600 miembros de la comunidad emberá dejaron Bogotá para regresar a sus territorios ancestrales en Risaralda y Chocó. Con jeeps, camiones y miles de raciones alimentarias, el operativo garantiza seguridad, dignidad y acompañamiento médico en este histórico retorno.
La Procuraduría solicitó este lunes a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) un informe detallado sobre las garantías del retorno de más de 1.600 miembros de la comunidad emberá, que este lunes iniciaron su regreso desde Bogotá hacia sus territorios ancestrales en los departamentos de Risaralda y Chocó, un proceso que se concretó después de ocho meses de construcción de consensos y acuerdos.
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En una comunicación, el Ministerio Público requirió a la UARIV un reporte sobre los avances en las condiciones de seguridad, la inclusión de la comunidad en el sistema de salud y su ingreso a programas sociales clave como Familias en su tierra, Hambre cero y los subsidios habitacionales.
La Procuraduría también pidió un balance de los procesos que permitirán el fortalecimiento del gobierno propio de la comunidad, la reparación colectiva y la protección del patrimonio cultural de los resguardos Alto Andágueda, Gito Dokabú y Unificado Chamí. Adicionalmente, solicitó información sobre la ejecución del proyecto vial que conectará a Risaralda y Chocó, una obra fundamental para el desarrollo de la región.
El ente de control reiteró la importancia tanto del regreso de los emberá a sus tierras como del proceso de reubicación e integración local para quienes decidan permanecer en la capital, con el fin de garantizar el goce efectivo de sus derechos.
Un operativo de gran escala
El proceso de retorno, considerado el más grande de esta comunidad indígena desde Bogotá, se extenderá entre el 8 y el 14 de septiembre. En total, 1.647 personas, pertenecientes a 700 hogares, dejarán los asentamientos temporales en la ciudad.
Según el censo de las autoridades, el plan contempla el traslado de 804 personas que se encontraban en el Parque Nacional, 376 en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, 459 en la UPI La Rioja, siete en el albergue Ocobos y una en Santa Marta.
La caracterización realizada por la Unidad para las Víctimas determinó que 1.027 personas retornarán al resguardo del Alto Andágueda, 273 a Gito Dokabú, 259 al Unificado Chamí y 88 a otras zonas rurales de sus departamentos de origen.
Adith Romero, director general de la Unidad para las Víctimas, expresó que la entidad se articuló con todas las instituciones del Estado, el Distrito y las gobernaciones de Risaralda y Chocó para que el retorno se garantice de manera segura.
Por su parte, Jhonatan Forero, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones, manifestó que las condiciones de seguridad están garantizadas por parte de los comités de justicia transicional de Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda), y que el regreso cumplirá con los principios de dignidad y seguridad.
Para el masivo traslado, la Unidad para las Víctimas dispuso de 130 jeeps y 10 camiones para los enseres, además de 3.294 raciones alimentarias en territorio, kits de aseo y lonas.
La Alcaldía Mayor de Bogotá aportó 47 autobuses y más de 6.500 raciones alimentarias para el trayecto, que contará con acompañamiento médico permanente.
Créditos: Colprensa
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