Entre lágrimas salió a la luz una historia que estremece a Bogotá. El pasado 3 de abril, una mujer denunció los presuntos vejámenes que una de sus hijas habría sufrido en el barrio Ciudadela de Usme. Lo que comenzó como un conflicto familiar escaló a graves señalamientos de abuso sexual. Actualmente, la angustia de la mujer es doble: desconoce el paradero de sus dos hijas y teme por su integridad física.
La situación se originó años atrás cuando, tras una separación y un complejo proceso emocional, la madre perdió la custodia de las menores, la cual fue otorgada a la tía paterna. Según el relato entregado a Q’HUBO, el presunto agresor sería la expareja sentimental de la cuidadora.
La denuncia formal fue interpuesta el 6 de abril, luego de que su hija mayor rompiera el silencio. “Mami, lo que pasa es que cuando mi tía se va a trabajar, él se pasa para nuestra cama y nos manosea”, fue la cruda revelación que la impulsó a acudir a la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar.
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“Yo tenía que demandar, es algo muy grave”, afirmó la madre, quien explicó que recibió indicaciones para realizar valoraciones médico-legales. Sin embargo, aseguró que dicho procedimiento no se concretó de inmediato. Según su versión, tras hacerse pública la situación, otros menores que convivían en el mismo entorno habrían respaldado los señalamientos: “Los mismos niños dijeron que eso venía pasando hace año y medio”, sostuvo la denunciante.
Entre el miedo y la presunta negligencia
La denunciante afirma que la respuesta de las autoridades ha sido lenta y que el sistema parece haberle dado la espalda. “La mujer (la tía) no me deja ver a las niñas y desconozco su paradero; fui a Usme y el apartamento está en venta”, relata con desesperación. El último contacto que tuvo con ellas fue el 5 de abril.
El temor de la madre no es infundado. Asegura que el padre de las menores (hermano de la cuidadora) la ha amenazado directamente por intentar involucrar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Me siento en riesgo porque ahora yo soy la culpable; me han amenazado de muerte porque iba a entregar a las niñas al Bienestar”, denuncia.
A la fecha, el presunto agresor no tiene una orden de captura vigente, a pesar de que la situación habría afectado a otras menores del núcleo familiar. Según la mujer, su hija mayor le confesó que el sujeto también buscaba a la hija de la cuidadora.
La madre sostiene que la gravedad del asunto es absoluta y afirma poseer grabaciones donde la tía de las niñas admitiría su responsabilidad por omisión ante el riesgo al que estaban expuestas. “Quiero que se haga justicia, que el hombre tenga una orden de captura y que a ella la investiguen, porque ella sabe algo”, manifestó con indignación.
Una fecha clave
La incertidumbre de esta madre tiene una fecha marcada en el calendario: el próximo 14 de julio. Ese día se llevará a cabo una audiencia clave ante el Bienestar Familiar, la cual representa su única esperanza institucional para volver a ver a sus hijas y verificar su estado de salud.
Aunque las entidades le han pedido paciencia argumentando que se trata de un proceso administrativo, ella cuestiona la demora mientras el presunto agresor sigue en libertad y sin medidas que garanticen que no se acercará nuevamente a las menores. Por ahora, la madre continúa recolectando material probatorio que considera contundente para que la Fiscalía acelere las investigaciones.
*Omitimos el nombre de la mamá para proteger a las señaladas víctimas.
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