Bogotá estará recibiendo desde el pasado 14 de abril a un grupo de familias desplazadas desde el municipio de Puerto Boyacá que, tras haber sido reubicadas en la vereda Las Pavitas, enfrentan nuevamente amenazas que las obligan a buscar refugio en la capital colombiana
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Nuevas amenazas obligan a familias del Catatumbo a buscar un nuevo refugio
La Consejería para las Víctimas, Paz y Reconciliación del Distrito confirmó que se trata de familias que inicialmente provenían del Catatumbo y que, tras su traslado a Boyacá, han sido blanco de nuevos riesgos de seguridad. Por ello, se coordina con entidades del orden nacional, entre ellas la Unidad para las Víctimas, un plan de atención inmediata.
Según explicó la administración distrital, ya se estableció un acuerdo interinstitucional para brindar asistencia en esta nueva etapa de desplazamiento forzado. El Distrito asumirá la primera fase del proceso con medidas como alojamiento temporal, acceso a servicios de salud y educación, atención psicosocial, orientación jurídica y caracterización socioeconómica.
“La ciudad no es ajena a los desafíos de seguridad que afectan a los territorios”, indicó en un comunicado la Consejería de Paz, que también señaló que el objetivo es garantizar una acogida digna mientras la Agencia Nacional de Tierras adelanta los trámites definitivos de reubicación.
Bogotá, nuevo refugio para desplazados del Catatumbo
El flujo de personas desplazadas que llegan a Bogotá ha aumentado de forma sostenida. En enero de 2025, la ciudad registró un incremento del 30 % en la llegada de personas en situación de desplazamiento forzado respecto a años anteriores, especialmente como consecuencia de la crisis humanitaria que vive el Catatumbo.
A través de programas distritales, se han entregado apoyos económicos como bonos de alimentación y subsidios de arriendo a 1.699 personas, mientras que 317 han recibido alojamiento temporal, lo que cuadruplica la capacidad habitual de albergue de la ciudad.
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Sin embargo, el Distrito advirtió que esta capacidad está cerca de desbordarse. En ese sentido, solicitó a la Unidad para las Víctimas que asuma el alojamiento de la población Emberá que permanece en albergues desde septiembre de 2023, así como que se aceleren los procesos de valoración del Registro Único de Víctimas.
“La Administración Distrital reitera su compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de Paz y con su propósito de hacer de Bogotá la mejor puerta de entrada posible para las víctimas del conflicto armado”, concluye el comunicado.
Además, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que los traslados de víctimas se realicen bajo condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, sin implicar una sobrecarga para las entidades locales.
Escrito por Colprensa
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